La Provincia de Buenos Aires oficializó la Ley 15.665, que modifica el marco regulatorio eléctrico bonaerense y autoriza a cooperativas y sociedades de economía mixta municipales a producir energía renovable para abastecer a sus usuarios.
El Poder Ejecutivo bonaerense promulgó la Ley 15.665 con su publicación en el Boletín Oficial provincial, iniciativa presentada por la diputada Viviana Guzzo que modifica la Ley 11.769 del Marco Regulatorio Eléctrico. La normativa, aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas, incorpora formalmente la figura del “autogenerador comunitario” entre los agentes reconocidos de la actividad eléctrica en el territorio provincial.
La nueva categoría alcanza a los concesionarios municipales del servicio eléctrico que utilicen exclusivamente fuentes limpias para atender, total o parcialmente, las necesidades de sus propios asociados y usuarios. Para operar bajo este esquema, las entidades prestadoras deberán contar con la correspondiente autorización de la autoridad de aplicación y limitar su actividad a sus áreas de concesión asignadas.
Nuevas figuras
La reforma establece que la producción eléctrica desarrollada por estos actores integrará de manera directa el servicio público de distribución. Asimismo, la ley habilita la asociación entre dos o más concesionarios municipales para el desarrollo conjunto de centrales de generación. En aquellos casos donde los proyectos contemplen la venta de excedentes de energía al mercado, las entidades deberán constituirse obligatoriamente como sociedades anónimas conforme a la legislación nacional vigente.
En el aspecto económico, la norma incluye a estas entidades en el régimen de promoción de la Ley 14.838 e instruye al Poder Ejecutivo a gestionar financiamiento accesible. Específicamente, el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) deberá estructurar líneas de crédito especiales a largo plazo y con tasas preferenciales destinadas a la adquisición de componentes y equipamiento de fabricación nacional.
Por otra parte, la legislación alinea la actividad de las cooperativas con los objetivos generales de la política energética bonaerense, impulsando la transición ecológica y el fortalecimiento de la cadena de valor industrial. Para potenciar el desarrollo tecnológico local y la investigación aplicada, el texto contempla la articulación de los sectores productivos con la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y las universidades radicadas en la provincia.
La medida responde a la necesidad de resolver las barreras legales que limitaban el crecimiento operativo de las distribuidoras del interior provincial. Durante los debates legislativos se citaron proyectos en evaluación que se encontraban frenados por falta de encuadre normativo, como los emprendimientos de parques solares promovidos por la Cooperativa Eléctrica de General Viamonte.