La Cámara de Senadores de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley de Marco Regulatorio del Mercado de Carbono con un respaldo transversal de 60 votos a favor y 2 en contra. La iniciativa, impulsada por la senadora salteña Flavia Royón (exsecretaria de Energía durante el gobierno de Alberto Fernández), busca dotar de previsibilidad jurídica a la comercialización de créditos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.
La medida obtuvo un rápido tratamiento en el recinto, donde legisladores de diversas bancadas resaltaron la urgencia de integrar al país en los circuitos internacionales de financiamiento ambiental y el desarrollo sostenible.
El texto legislativo define los aspectos jurídicos centrales para el funcionamiento del sector en el territorio nacional, entre los que destaca la tipificación de los créditos de carbono como bienes inmateriales de carácter patrimonial. La normativa también delimita con precisión la titularidad de las herramientas financieras y establece los mecanismos competitivos de acceso a los mercados internacionales. Con este encuadre, se busca otorgar dominio directo a las provincias y a los actores privados sobre los recursos naturales bajo su jurisdicción, habilitando la operación en mercados regulados con estándares globales.
La sanción de la ley abre la posibilidad de que la República Argentina acceda a mercados internacionales que ofrecen cotizaciones significativamente superiores a los valores actuales del circuito voluntario.
Según proyecciones de la Mesa Argentina de Carbono (MAC), el potencial económico para el sector agropecuario y forestal podría representar ingresos de exportación de entre 460 millones y 2.377 millones de dólares anuales. Adicionalmente, estudios de la Academia Nacional de Ingeniería y del Centro Argentino de Ingenieros (CAI) estiman una capacidad de generación de 131,4 millones de créditos al año, pudiendo alcanzar divisas por hasta 3.900 millones de dólares.
El dictamen contó con valoraciones favorables tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del sector productivo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que la norma permitirá exportaciones por unos 2.000 millones de dólares al descentralizar la gestión estatal sobre los activos ambientales. En esa misma línea, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y legisladores de provincias forestales como Misiones destacaron que la iniciativa impulsará la inversión privada, el empleo y la preservación de ecosistemas sin comprometer la actividad productiva de las economías regionales. Desde el Senado, Flavia Royón (Primero Los Salteños) planteó que el proyecto de ley excede a “la coyuntura” de la política actual sobre esos temas y así se diseñó el texto.
La aprobación parlamentaria busca alinear a la República Argentina con las dinámicas normativas implementadas en otros países de América Latina, entre los que figuran Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú.
En el contexto nacional, existen actualmente más de 40 proyectos de captura y reducción de emisiones en etapa de ejecución impulsados por entidades de la cadena de valor. El tratamiento definitivo del proyecto quedó supeditado a la aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación para su posterior promulgación y reglamentación ejecutiva.