En una entrevista concedida a la revista portuguesa Economia Social: Leituras & Debates, el presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, destacó el respaldo ciudadano al sector según datos del Eurobarómetro. El dirigente analizó la resiliencia del modelo asociativo frente a los desafíos geopolíticos continentales, la evaluación intermedia del Plan de Acción Europeo y el papel de la Península Ibérica en la consolidación de estas organizaciones.
El presidente de Social Economy Europe (SEE), Juan Antonio Pedreño, afirmó que el 95% de la ciudadanía europea considera que la totalidad de las empresas debería regirse por los valores y principios de la economía social. La declaración se dio en el marco de una entrevista publicada en el número 25 de la revista Economia Social: Leituras & Debates, editada por la Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES). Durante la presentación del informe, el dirigente fundamentó el posicionamiento del sector con datos del Eurobarómetro, destacando que tres de cada cuatro europeos reclaman un mayor apoyo institucional para estas entidades.
En el plano macroeconómico continental, el sector reúne a 4,5 millones de empresas que generan el 6,5% del empleo total en Europa, representan el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) comunitario y alcanzan una facturación superior al billón de euros. Frente al incremento del gasto en defensa y las tensiones geopolíticas, Pedreño sostuvo que el modelo asociativo resulta indispensable para preservar la autonomía estratégica y el bienestar territorial de la región. Asimismo, instó a fortalecer el Pilar Europeo de Derechos Sociales para asegurar una economía competitiva centrada en las personas.
Respecto al Plan de Acción de Economía Social de la Comisión Europea, el titular de SEE realizó un balance positivo de la primera fase por haber establecido una definición legal común del sector. No obstante, fijó cuatro prioridades operativas para la segunda etapa: la garantía de marcos legales equitativos, el reconocimiento del sector como pilar de competitividad, el fortalecimiento de la financiación ética y la mejora en las bases estadísticas oficiales. Además, advirtió sobre el riesgo de un eventual recorte de fondos sociales en el próximo Marco Financiero Plurianual ante otras urgencias presupuestarias.
En la dimensión territorial ibérica, la publicación analizó las dinámicas contrapuestas entre España y Portugal. Por un lado, se resaltó la aprobación de la Ley Integral de Economía Social en España, donde el sector engloba a 127.000 empresas y aporta el 11,1% al PIB nacional. Por otro lado, Pedreño calificó como un retroceso la decisión del gobierno portugués de retirar la participación pública de la cooperativa CASES, entidad pionera en la confección de cuentas satélite y en el desarrollo de políticas de promoción pública para las organizaciones sociales.